La ONU enfrenta una nueva prueba en la inteligencia artificial

Guterres advierte que la IA avanza más rápido que la gobernanza global

Por Ahmed Fathi

ONU, Nueva York: Cuando pregunté al Secretario General de la ONU si los gobiernos todavía controlan una tecnología lo suficientemente poderosa como para influir en elecciones y conflictos, su respuesta fue inusualmente directa. Las Naciones Unidas, dijo, no tienen palanca de poder. Cuentan con mecanismos, plataformas y procesos, pero no con la capacidad de imponer resultados.

Ese momento fue importante no tanto por lo inesperado, sino por lo honesto. Puso en palabras lo que muchos gobiernos e instituciones reconocen en voz baja: la inteligencia artificial avanza más rápido que los sistemas políticos y legales creados para supervisarla.

Lo que siguió no fue una propuesta de regulación amplia, sino una descripción lúcida de los límites. El Secretario General explicó qué puede hacer de manera realista la ONU en el terreno de la IA. Puede reunir a expertos, crear paneles científicos, elaborar evaluaciones y convocar diálogos globales. Son esfuerzos serios, pero no equivalen a la aplicación de normas. Constituyen una estructura de gobernanza sin autoridad para imponer reglas.

Esa brecha está en el centro del debate global sobre la inteligencia artificial. La ONU intenta construir un entendimiento compartido y un lenguaje común en torno a la IA, no un reglamento vinculante con sanciones. Esa decisión refleja más la realidad política que una debilidad institucional. Los Estados se resisten a ceder control en un ámbito directamente ligado a la seguridad nacional, la competencia económica y el poder estratégico. Como resultado, la ONU termina moldeando la discusión más que definiendo el desenlace.

La distancia entre ambición y autoridad ha sido evidente en los esfuerzos recientes de la ONU sobre inteligencia artificial. Declaraciones y resoluciones han puesto el acento en la ética, la inclusión y la cooperación, mientras evitan deliberadamente compromisos que puedan obligar a Estados o empresas poderosas. El sistema que surge puede señalar riesgos y fijar normas, pero tiene poca capacidad para forzar cambios cuando los actores más influyentes deciden resistirse.

Cuando se le presionó sobre cómo deberían verse realmente las salvaguardas, el Secretario General se centró en una idea clave: la agencia humana. Los seres humanos, sostuvo, deben seguir teniendo el control de las decisiones, especialmente cuando hay vidas en juego. Su rechazo a las armas autónomas capaces de decidir a quién matar, dónde y por qué fue una de las líneas morales más firmes que trazó durante la conferencia de prensa.

Su respuesta sobre el creciente poder de las empresas tecnológicas fue igual de reveladora, aunque más contenida. La regulación, sugirió, es en última instancia responsabilidad de los gobiernos. Las leyes existentes sobre competencia y monopolios pueden necesitar una actualización para la era digital, pero la aplicación no vendrá desde la Secretaría de la ONU. Si llega, vendrá desde las capitales nacionales.

Debajo de estos intercambios apareció un punto más amplio sobre cómo está cambiando el poder mismo. Hoy el poder ya no se mide solo en territorio, fuerza militar o incluso tamaño económico. Cada vez se define más por los datos y por quién controla los sistemas que los recopilan, procesan y utilizan. Ese desplazamiento está trasladando de forma constante la influencia desde las instituciones públicas hacia actores privados, a una velocidad que las reglas y las instituciones globales difícilmente pueden seguir.

Esto plantea algo más que preocupaciones regulatorias. Plantea preguntas de legitimidad. Cuando decisiones que afectan a sociedades enteras se toman cada vez más a través de algoritmos diseñados fuera del control democrático, las nociones tradicionales de rendición de cuentas comienzan a erosionarse. El Secretario General no lo presentó como una conspiración ni como un colapso moral, sino como un desequilibrio estructural que las instituciones actuales aún luchan por comprender, y mucho menos corregir.

A esto se suma un problema de equidad todavía no resuelto. Muchos países simplemente no cuentan con los recursos ni la capacidad para influir en la política de IA o beneficiarse plenamente de sus avances. Sin una inversión sostenida en habilidades, infraestructura e instituciones, las conversaciones globales corren el riesgo de quedar dominadas por quienes ya concentran el mayor poder. La gobernanza sin recursos no cierra brechas; las amplía.

En conjunto, el intercambio ofreció una imagen clara de la posición de la ONU frente a la inteligencia artificial. Sigue siendo un espacio donde se nombran los riesgos, se articulan valores y se debaten normas, pero no un lugar donde se impongan resultados. El Secretario General no intentó ocultar esa realidad, y su franqueza fue notable.

La pregunta que queda abierta es si un sistema diseñado para convocar, advertir y asesorar puede evolucionar hasta influir de manera efectiva en el comportamiento. Por ahora, el enfoque de la ONU sobre la inteligencia artificial refleja una verdad más amplia del orden global: el poder se mueve más rápido que la ley, y las instituciones luchan por alcanzarlo.